Chile es el segundo país de la OCDE que más ha aumentado su tasa de suicidios durante los últimos 15  años (UC, 2015). Las licencias médicas por  problemas de salud mental alcanzan al  40%.  Esto implica  un alto costo en productividad debido  al ausentismo laboral.  Además los problemas de salud mental afectan en mayor  medida a grupos vulnerables tales como personas con  menor nivel educacional, jóvenes, mujeres e impactan de  manera particular a  personas de pueblos originarios (Superintendencia de  Seguridad Social, 2016). A pesar de la magnitud del problema el financiamiento público para  programas de  salud  mental  es aún   muy   bajo y la disponibilidad de cupos para tratamiento de adicciones, muy limitado, y prácticamente inexistente en caso de tratarse de jóvenes y adolescentes que no han  sido infractores de ley. Se hace necesario actualizar los planes de salud mental y crear centros de tratamiento de adicciones con foco en grupos vulnerables y en particular en adolescentes y jóvenes además de fortalecer el rol de la comisión regional  de protección de personas con enfermedades mentales, y los programas de  educación y prevención temprana entregando información adecuada a los ciudadanos sobre las consecuencias del consumo de  cada tipo de droga  desde una perspectiva social y de salud pública.